Durante los últimos días, la Confederación Hidrográfica del Ebro está llevando a cabo en diferentes tramos del río Cinca, entre las localidades de Ainsa y Lafortunada (Huesca), diversas actuaciones, que está conllevando un autentico desastre medioambiental, destruyendo el cauce, convirtiéndolo en enormes explanadas que nada tienen que ver con la imagen de un río.

Las actuaciones detectadas por nuestro colectivo consisten en la realización, de al menos, cuatro enormes dragados con canalización: en Escalona, Mesón de Puértolas, Hospital de Tella y aguas abajo de Labuerda, afectando también a los tramos finales de los ríos Bellós e Irues.

Ecologistas en Acción quiere denunciar públicamente que con actuaciones como éstas, la CHE, administración que tiene la obligación de conservar los ríos, se convierte en uno de los mayores responsables de su degradación. No contenta con su negligencia y descontrol en la gestión de las corrientes fluviales (extracciones de áridos abusivas; cientos de kilómetros de nuestros principales ríos con enormes detracciones de caudales, en algunos tramos total; mayor contaminación de las aguas superficiales y subterráneas; urbanizaciones en zonas de riesgo; canalizaciones muy exageradas, promotora de la construcción de grandes embalses, ...) mete sus máquinas para acelerar esa destrucción.

Las actuaciones que se están desarrollando, son propias de otros años, cuando no existía ni la sensibilidad, ni la legislación, sobre temas medioambientales que hay hoy en día, donde los ríos son considerados como autenticas joyas en relación a su importancia medioambiental y paisajística; cultural, etnológica y como recurso turístico. Igualmente, a la vista de cualquier razonamiento técnico, son totalmente injustificables, viéndose la CHE "obligada" a realizarlas baja la fachada de considerarlas como obras de emergencia, cuestión, también no justificable, ya que de otra manera no hubiera podido llevarlas a cabo.

Con este procedimiento, la CHE, se salta todos los trámites administrativos necesarios para poder dictaminar en condiciones la necesidad o no de las obras, entre ellas: el informe preceptivo y vinculante de la administración con competencias en nuestra comunidad en materia de medio ambiente, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; la realización de un proyecto, con su correspondiente justificación y de acuerdo con diferente normativa sectorial; la realización de un estudio de impacto ambiental y la evaluación posterior de las afecciones del proyecto sobre el medio, bien a través de la normativa de aguas o de evaluación de impacto ambiental; la fase de consultas a través del periodo de información pública, donde los particulares y colectivos que nos sentimos afectados podemos trasmitir nuestras ideas y aportaciones; así como el concurso de licitación de las obras, al que pueden acceder todas las empresas que lo deseen.

Para Ecologistas en Acción, es muy preocupante que un artículo de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (que es donde la CHE se suele justificar para realizar actuaciones de este tipo), se anteponga a las directrices emanadas de otras normativas sectoriales que regulan los procesos enumerados en el anterior punto, entre ellos: la de conservación de la naturaleza, evaluación de impacto ambiental y la de aguas.

Por otro lado, estas obras no hacen más que aumentar las afecciones, que supuestamente la CHE intenta combatir: las producidas por las avenidas del río. La eliminación de vegetación, badinas, islas y meandros, unidas a la construcción de escolleras y el dragado del lecho fluvial, no hacen más que acelerar la fuerza de la corriente, cuando la dinámica natural le llevaría a frenarla, produciendo una mayor erosión y arrastre, aumentando las afecciones en tramos inferiores del río, lo que enseguida lleva a la CHE, a plantear nuevas medidas en esos tramos, constituyendo un círculo vicioso, que conlleva la destrucción total del río, convirtiéndolo en un canal rectilíneo.

A juicio de Ecologistas en Acción, las obras que se están llevando a cabo en el cauce del río Cinca son muy duras, sobre todo tratándose de tramos donde no hay afecciones a núcleos urbanos, con costes medioambientales y económicos mucho mayores que los que supuestamente se plantean proteger. La CHE y el Ministerio de Medio Ambiente incumplen las directrices que estas mismas administraciones promueven. En las mismas (libro blanco del agua, Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y Plan Hidrológico Nacional) apuestan por la utilización de medidas preventivas (priorizando como primera medida más acertada el deslinde del dominio público hidráulico en los tramos afectados) y la realización de medidas no estructurales cuando no afecta a núcleos urbanos (la utilización de seguros, como en la agricultura). Y en todo caso, las medidas estructurales que se puedan tomar deben ser diseñadas con posterioridad a la realización de estudios hidrológicos de avenidas y hidráulicos de propagación de las mismas, cuestión que no se ha realizado en este caso, y su ubicación debe ser fuera del cauce. Y todo ello, debe conllevar un respeto por los valores medioambientales del mismo. En el caso que no ocupa, no puede ser, por lo tanto, más desafortunada la actuación elegida.

Ecologistas en Acción ha exigido a la CHE, la paralización de las obras, al mismo tiempo que ha presentado denuncias ante el Gobierno de Aragón y la fiscalía, por las graves repercusiones medioambientales que se están produciendo. Igualmente se están preparado quejas para presentar a la Comisión Europea y al defensor del Pueblo, en estos casos para denunciar la utilización injustificada del trámite de emergencia, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

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